Incentivos para una política responsable sin ofertones

Mauricio Villena

La oposición calificó como “ofertones electorales” los recientes anuncios del Gobierno sobre eutanasia y CAE, priorizándolos por sobre problemas más urgentes para la ciudadanía, como seguridad pública, desempleo y listas de espera en salud. Esto plantea una pregunta fundamental para cualquier democracia: ¿cómo asegurar que los políticos se enfoquen en los problemas reales y de largo plazo?

El destacado economista de Harvard Robert J. Barro, en un artículo seminal titulado The Control of Politicians: An Economic Model, abordaba este dilema ya en 1973. Propuso un modelo que analiza cómo los políticos, motivados por intereses personales y electorales, tienden a priorizar políticas de corto plazo para asegurar su reelección, en lugar de tomar decisiones que beneficien a largo plazo. Argumenta que éstos operan bajo incentivos distorsionados que los llevan a incrementar el gasto público más allá de lo deseado por la ciudadanía, utilizando recursos para maximizar beneficios propios. Para corregir estas distorsiones, sugiere ajustar elementos de la estructura política, tales como: sueldos de los políticos, frecuencia electoral y restricciones sobre la duración de mandatos.

“El deseo del político en ejercicio de fidelizar a los votantes a menudo entra en conflicto con el imperativo normativo de promover los intereses de esos votantes”.

En general, las elecciones competitivas crean una relación de responsabilidad formal entre responsables políticos y ciudadanos: el día de las elecciones pueden repartirse premios y castigos electorales. Idealmente, esta responsabilidad formal conduce a una mejor gobernanza. Pero ¿en qué medida funciona esto en la práctica? La teoría de la agencia política, impulsada por el trabajo pionero de Barro, nos ha enseñado dos lecciones importantes: los incentivos están impulsados por el deseo del político en ejercicio de fidelizar a los votantes, y este deseo a menudo entra en conflicto con el imperativo normativo de promover los intereses de los votantes. Y lo que es más importante, los incentivos electorales del político para actuar en contra de los intereses de los votantes pueden surgir incluso si todos los votantes actúan de forma perfectamente racional (Ashworth, 2012).

En este contexto, aunque es clave, como ya se ha mencionado en el debate público, modificar el sistema político para alinear mejor las acciones de nuestros representantes con el bienestar del largo plazo no es una tarea para nada fácil, incluso si hubiese la voluntad política para un cambio en nuestras reglas electorales. ¿Qué hacer para mejorar la rendición de cuentas electoral y alinear las decisiones políticas con los intereses de los votantes? Entre otras cosas: aumentar la cantidad y calidad de la información pública sobre el desempeño de los políticos, y ajustar los incentivos electorales (limitar mandatos, revisar salarios de parlamentarios y del sector público y beneficios por pago de votos) para evitar decisiones de corto plazo que no beneficien al bienestar general. También son necesarios mecanismos de control adicionales, como auditorías independientes, y realizar estudios basados en evidencia, que permitan identificar mejores prácticas en distintos contextos institucionales.